En las últimas décadas el voluntariado ha adquirido un innegable protagonismo en la vida social y un importante potencial legitimador, amplificado además por los medios de comunicación. Por otro lado, la regulación de dicho fenómeno a través de diversas disposiciones (entre las que se destaca la ley estatal 6/1996, de 15 de enero) ha contribuido a su institucionalización jurídica -y a su normalización social- como una forma de participación y un cauce de prestación de servicios.