La política de obras públicas se alza en uno de los parámetros que sirven para definir el desarrollo económico de un país, recayendo la competencia para su desarrollo en los poderes públicos. Consciente, en este sentido, de la importancia de las obras públicas pero también, paradójicamente, de la escasa atención que en el Derecho español se ha dedicado a perfilar los contornos de esta figura como institución autónoma, la autora afronta este reto. Pone especial énfasis en establecer las fronteras de esta categoría respecto de otras a las que desde siempre ha estado muy vinculada, como las del servicio y el dominio público, estudiando, además, cómo se ha visto afectada esta vinculación con la puesta en marcha del proceso de liberalización de numerosos servicios públicos. En el libro se analizan con detalle las alternativas con que cuentan las Administraciones para afrontar la provisión de obras públicas, descendiendo a identificar las ventajas e inconvenientes que presentan cada una de ellas. En este empeño, se presta especial atención a las que últimamente se han puesto en marcha en nuestro Derecho pretendiendo favorecer la denominada financiación privada de infraestructuras públicas.