La justicia administrativa en América Latina, en todo caso, como puede apreciarse de la aproximación comparativa que hemos hecho sobre el régimen constitucional y legal sobre la jurisdicción contencioso administrativa y los procesos contencioso administrativos, es ante todo, una manifestación específica del Estado de derecho, como Estado sometido a control judicial.

Sin embargo, como en todas las instituciones del Estado de derecho, no basta para su existencia y efectividad que lo relativo al contencioso administrativo se haya consagrado en las Constitu-ciones y en leyes especiales, sino que es necesario por sobre todo, que funcione en el marco de un sistema de separación de poderes, de manera que el Poder Judicial donde está inserta la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pueda controlar real y efectivamente las actuaciones de la Administración Púbica, estando a cargo de jueces autónomos e independientes, ejerciendo sus funciones sin presiones por parte del Poder Ejecutivo, o más precisamente, de la Administración controlada.

Allan R. Brewer-Carías