El autor aborda la relación entre el derecho constitucional y el penal, a partir del concepto de traición a la patria, toma el delito de enriquecimiento ilícito como un atentado contra el sistema democrático y estructura una categoría jurídica que define como la “teoría del traidor a la patria” que la diferencia con la llamada teoría del derecho penal del enemigo.

Parte del análisis de democracia, estado de derecho, las garantías constitucionales del ciudadano común, las prerrogativas del funcionario público y su situación ante la sociedad y el ordenamiento jurídico vigente.

Toma la constitución como premisa y la llamada “teoría de la imputación objetiva del derecho penal” para analizar tal problemática.

Desde allí cuestiona una instrumentación estatal de tipo infraconstitucional que no se compadece con los mandatos de nuestro máximo texto legal y que restringen los derechos del hombre común al que se le veda la participación y control de la cosa pública.

Propone alternativas para superar el déficit que encuentra entre la constitución y la práctica institucional.