La justicia misma concibió muy pronto la independencia como «su» independencia, continuando ininterrumpidamente sus actividades con sentido patrimonial, aun después de desaparecer la función original a la que había sido destinada aquélla. Por este motivo, la historia posterior de la independencia se caracteriza a grandes rasgos por el intento del sistema judicial, de querer asentar los frutos de la doctrina clásica de la independencia y encauzarlos hacia una mayor autonomía. Tales objetivos tuvieron su origen en el problema de la «supervisión judicial», el cual había quedado sin resolver en aquel entonces y habría de pasar a ser más tarde el problema de la «administración de justicia» —conduciendo, a veces bajo el lema «reforma de la justicia», otras bajo la consigna «justicia independiente»—, a una lucha por conseguir mejoras en el ámbito de nombramiento, promoción, retribución, inspección jerárquica, administración propia, etc. Este movimiento, que aún continúa y que en conjunto tuvo un éxito mediocre, representa en sí una sólida y perdurable fusión, al tener su origen tanto en el Derecho absolutista de la función pública como en la subsecuente constitución de la justicia en cuanto autónoma burocracia estatal.

DIETER SIMON