El Derecho Administrativo a través de los años ha venido rompiendo con dogmas que determinaron su aparición, así desde comienzos del presente siglo la noción de servicio público ha sufrido cambios trascendentales, del Estado-gendarme encargado únicamente de la defensa, la policía y la justicia se pasa al Estado-providencia, asumiendo este una serie de actividades promotoras, empresariales y planificadoras, de allí, que la Administración busca la forma de proteger otra gama de servicios como la vivienda, la salud, el transporte, la educación, etc.

En virtud de este crecimiento en las funciones del Estado, este se vio en la necesidad de invitar a participar de su poder a algunas entidades de naturaleza privada para colaborar en la gestión de sus tareas.

Si bien con ocasión de los grandes acontecimientos bélicos y las fuertes crisis económicas derivadas de aquellos, los ordenamientos jurídicos, sobre todo los de Europa Continental, se vieron con mayor obligación de habilitar a particulares y no siempre en forma contractual (concesión, regalías, etc.) para que asumieran con él la intervención en la vida eco-nómica, social y cultural.

Así, nos hemos visto en la necesidad de buscar nuevas formas de organización administrativa, a través de entes descentralizados, empresas con participación del Estado, fundaciones estatales, etc. para encontrar una mejor efectividad en los fines del gobierno, pues bien, la prestación de servicios de interés general por parte de particulares no es más que un nuevo intento.

Surge entonces, la proliferación de la gestión pública por parte de entes con un elevado grado de heterogeneidad, mostrándose una despreocupación por la eventual adecuación a las fórmulas jurídicas preexistentes debido a la preocupación por la efectividad en los fines del Estado. De allí, que calificar a un organismo de público o privado no presenta una utilidad decisiva para la aplicación de un régimen de derecho administrativo.