La cuestión prejudicial es un viejo mecanismo conocido por nuestras leyes procesales y por otras legislaciones europeas. Ocupa un lugar importante en las relaciones entre los órganos jurisdiccionales ordinarios y se utiliza corrientemente en el marco de la jurisdicción constitucional (cuestión de inconstitucionalidad). Esta figura procesal también ha sido prevista en el art. 177 del Tratado de la Comunidad Europea, el cual faculta, y en algunos casos obliga, a los jueces nacionales a pedir al tribunal de Luxemburgo que se pronuncie, con carácter prejudicial, sobre la validez e interpretación de las normas comunitarias que deban aplicar. Se trata de un mecanismo que, además de responder al deseo de ayudar al juez nacional en su tarea de aplicar el derecho comunitario, pretende lograr la uniformidad en su interpretación y aplicación, evitando que se divida en tantos sistemas diferentes cuantos derechos nacionales existen.